La igualdad de género no es un problema económico: Es una cuestión de poder.

Como profesional del derecho, tiendo a mirar el mundo a través del cristal de las normas, los tratados y las estructuras institucionales. Es un defecto de fábrica: nos enseñan que las leyes transforman realidades. Sin embargo, cuando escuchamos al Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmar ante la Asamblea General que la desigualdad de género no es un problema económico, sino fundamentalmente un problema de poder, resulta imposible no hacer una pausa crítica. 

Tiene toda la razón, y quienes ejercemos la ley deberíamos ser los primeros en admitirlo.

El derecho como reflejo, no como solución autónoma.

Llevamos décadas diseñando marcos normativos impecables. El ordenamiento jurídico internacional está repleto de convenciones, cuotas de género y leyes de paridad. Sobre el papel, la igualdad formal avanza. En los balances financieros de las corporaciones se habla de "brechas salariales" como si fueran meras desviaciones métricas corregibles con un ajuste de presupuesto. 

Pero reducir la desigualdad a una variable macroeconómica o a una simple reforma laboral es un error de diagnóstico. Como juristas, sabemos bien que la ley no opera en el vacío; opera dentro de estructuras de dominación preexistentes. El dinero y los códigos no cambian la realidad si quienes interpretan las leyes, quienes presiden los tribunales, quienes dirigen los partidos políticos y quienes redactan las constituciones siguen respondiendo a un monopolio histórico del poder masculino. 

Desmantelar el statu quo.

El análisis crítico de las declaraciones de Guterres nos obliga a mirar el trasfondo. Cuando la ONU señala que el nudo gordiano está en la distribución del poder, nos está diciendo que las concesiones económicas son solo paliativos si las mujeres siguen excluidas de las esferas de decisión real. 

• La trampa de la inclusión cosmética: No basta con "incluir" a las mujeres en mesas donde las reglas del juego ya fueron escritas por y para hombres. 
• El poder de vetar y decidir: La verdadera equidad jurídica y social ocurrirá cuando la presencia femenina no dependa de una cuota de discriminación positiva, sino de un acceso legítimo, horizontal y disruptivo a los órganos de poder político y judicial. 
• Una reflexión final para el gremio

El discurso de la ONU no debe ser recibido como una noticia más en la agenda internacional, es un llamado de atención directo para el pensamiento crítico; la igualdad no se va a lograr firmando más tratados que luego se convierten en letra muerta, ni implementando bonos de compensación en las empresas. 

Se trata de poder. Y el poder, históricamente, no se cede voluntariamente a través del mercado; se disputa y se reconfigura desde la base de la justicia y la representatividad real. Como abogados y ciudadanos críticos, nuestro rol no es solo vigilar el cumplimiento del texto legal, sino cuestionar a quién sirve el sistema que defendemos.