Violencia simbólica y acoso en el ámbito universitario: una deuda pendiente con las mujeres.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta norma reconoce múltiples formas de agresión , no solo física, sino también psicológica, simbólica, laboral y académica, entendiendo que la violencia puede manifestarse en cualquier espacio de relación social, incluso dentro de las instituciones educativas.

El artículo 15 de la Ley tipifica como violencia psicológica todo acto que cause daño emocional, humillación o afecte la autoestima mediante el control, la intimidación o la manipulación del poder. Asimismo, el artículo 18 define la violencia simbólica como el uso de palabras, gestos o comportamientos que refuercen la subordinación de las mujeres o su discriminación en los espacios públicos y privados.

En el contexto universitario, estas formas de violencia suelen pasar desapercibidas, disfrazadas de autoridad,  “exigencia académica” o “disciplina”, pero en realidad reproducen relaciones de poder que callan, minimizan o ridiculizan la voz de las estudiantes, afectando su libertad de expresión, bienestar emocional y su derecho a la educación.

El aula como espacio de derechos humanos

El aula universitaria no es un espacio neutro, es un lugar donde se ejercen derechos fundamentales: el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad,  por lo tanto, cualquier forma de acoso, maltrato o humillación, ya sea verbal o simbólica, constituye una vulneración directa de estos derechos, especialmente cuando proviene de una figura que ostenta poder académico.

La educación debe construirse sobre los principios de respeto, equidad y pensamiento crítico, ninguna relación pedagógica puede sustentarse en el irrespeto, miedo o la intimidación, porque "El conocimiento florece solo en un entorno donde se garantizan la dignidad y la libertad de quienes aprenden".

La responsabilidad institucional

Las universidades, como espacios de transformación social, tienen la obligación jurídica y ética de prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.
Esto implica:

• Establecer protocolos internos de atención y denuncia,

• Crear unidades de género o defensorías universitarias accesibles y efectivas,

• Promover la formación docente con enfoque de género y derechos humanos,

• Y garantizar medidas de protección y acompañamiento psicológico para las víctimas.

Estas acciones no son solo recomendaciones morales, sino mandatos legales derivados del principio de no discriminación y del compromiso del Estado venezolano con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Es hora de asumir que la violencia simbólica en la educación no es un tema menor ni un malentendido pasajero: es una forma de violencia estructural que perpetúa desigualdades y expulsa silenciosamente a las mujeres del sistema académico.

Por eso, este texto es un llamado a:

• Reconocer el acoso y la violencia simbólica como violaciones de derechos humanos.

• Exigir la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en todos los espacios educativos.

• Promover la creación de protocolos y observatorios universitarios de género.

• Fortalecer la sororidad y las redes de apoyo entre mujeres estudiantes y trabajadoras.

La educación liberadora no puede construirse sobre la humillación ni el miedo, solo será verdaderamente transformadora cuando la voz de las mujeres sea escuchada, respetada y valorada como parte esencial del conocimiento y de la vida universitaria.

“El aula es también un territorio de derechos.
Y donde se vulnera la dignidad de una mujer, se hiere el alma de la educación misma.”